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Causas de fuerza mayor

Un fallo judicial abre un nuevo capítulo en el pleito entre los trabajadores de la mina de cobre Cananea y Grupo Minero México.

Por Alberto Aguirre M.
Cortesía

Poca disposición.Tras el fallo judicial, la empresa ofreció una generosa compensación a los trabajadores que dejaran la huelga. La respuesta no se hizo esperar: la quema del anuncio.

HERRAMIENTAS

 Durante casi 30 meses, Andrés Muñoz y Ramón Viramontes dieron la cara, por Grupo Minero México, ante los obreros en huelga y sus familias, en Cananea. Junto con otros cinco empleados de confianza de Mexicana de Cobre –entre ellos dos agentes de seguridad–vieron con impotencia cómo languidecían las instalaciones de ese complejo, uno de los más grandes del mundo en depósitos de mineral de cobre.


Pero el jueves 11 de febrero, apenas supieron que el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito negó el amparo a los trabajadores de la Sección 65 que habían declarado la huelga, se volvieron el blanco de la ira de los sindicalistas. La decisión judicial dejaba en firme un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que daba por terminada de la relación laboral de los más de 1,500 obreros de Cananea con Grupo Minero México.


Al día siguiente, aparecieron dos pancartas en las inmediaciones de la mina. “Las relaciones laborales terminaron y la mina puede abrir”, decía en letras rojas, “acude a la Junta de Conciliación y Arbitraje para recoger tu liquidación. Es tu derecho”. Pero los anuncios no duraron ni 30 minutos. Los huelguistas les prendieron fuego. Los representantes de la empresa recibieron la orden de salir, sin dilaciones, de esa población. El recorrido de 250 kilómetros a Tucson, Arizona, tuvieron que hacerlo camuflados.


La emergencia ameritaba tal medida. Los huelguistas habían amenazado de muerte a cualquier trabajador que se acercara a solicitar informes sobre las liquidaciones. Hace dos años y medio, cuando algunos “rompehuelgas”, apoyados por la empresa, quisieron recuperar las instalaciones de la mina, fueron escarmentados de la peor forma. La columna que habían formado fue embestida por un camión de carga Tomcat, que les echaron encima los leales al líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia. Murieron dos de los disidentes.
Esta vez, el fallo judicial hizo que los huelguistas regresaran a la mina, para destruir todo. Los ejecutivos de GMM en Cananea calculan que desde el paro de actividades, se han perdido 1,800 millones de dólares.


Los mineros de Cananea –quizá los obreros mejor pagados del país– han prometido que no correrán la misma suerte que el Sindicato Mexicano de Electricistas y se han apertrechado. Mientras, el perredista Arturo Núñez Jiménez propuso al pleno del Senado un punto de acuerdo para emplazar a las autoridades federales y estatales a “evitar actos de violencia y garantizar el respeto a los derechos humanos” de los mineros, en caso de que se ordenara el uso de la fuerza pública para desalojar las instalaciones de GMM en Cananea.


El senador Alfonso Elías, originario de Cananea, está convencido de que el litigio por la mina de cobre está lejos de terminarse. “Esta sentencia no concluye con un conflicto que sigue existiendo […], y que posiblemente, no concluya tampoco, pues los decretos de legalidad y de existencia de una huelga, están ahí”.

 

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“¡Qué poca madre!”, explotó el senador Ricardo Monreal Ávila, al mediodía del martes 16. El legislador del PT, ex gobernador de Zacatecas, expresaba en la tribuna del Senado su respaldo a los huelguistas de Cananea y usaba improperios para repudiar lo que a su juicio es “una barbaridad” del gobierno federal. La senadora panista Adriana González Carrillo interrumpió a su colega para hacer una moción de orden y pedir a la mesa directiva que las injurias fueran eliminadas del diario de debates, memoria oficial del órgano legislativo.


“Reitero: ¡qué poca madre del gobierno al tratar así a la clase trabajadora!”, repitió Monreal Ávila. Y justificó sus expresiones: nunca en la historia se había dado dada por terminada la relación entre una empresa y un organismo gremial, “por causa de fuerza mayor”, a petición de la Secretaría de Economía. Esa dependencia determinó que la unidad minera de Cananea se encuentra con daños y destrucción ocasionada a la maquinaria. De acuerdo con ese dictamen, los huelguistas habían ocasionado 111 “daños graves” y, en suma, la mina había quedado totalmente inoperante. Con ese dictamen, la empresa acudió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para exigir que se decretara la terminación de la relación laboral. Los mineros se ampararon, pero el juez de segunda instancia falló en su contra.


Monreal Ávila no se equivocaba. Sólo en una ocasión previa, hace 46 años, las autoridades federales habían tramitado la causal de la “fuerza mayor”, sin éxito. Esa disposición está contenida en el artículo 434 de la Ley Federal de Trabajo. “Independientemente del análisis jurídico –explica el senador Núñez Jiménez–, esta resolución marca un parteaguas en el derecho laboral mexicano y cierra otra etapa del pleito que en diversas instancias de orden penal, laboral y civil sostienen desde mucho tiempo la dirigencia del sindicato minero y el Grupo México”. Un pleito que lleva más de un lustro y que involucró una denuncia en contra del secretario general del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, por el desfalco de 55 millones de dólares entregados por GMM para la constitución de un fideicomiso.


Ante las indagatorias de la PGR y Hacienda, Gómez Urrutia decidió refugiarse en Canadá, desde el año 2004. Para la PGR, formalmente es prófugo de la justicia. Desde que la sección 65 del sindicato (sus siglas: Stmmrm) puso las banderas rojinegras afuera de la mina de cobre de Cananea, por presuntas violaciones al contrato colectivo en materia de seguridad e higiene, Grupo Minero México apeló a los magistrados federales –y solamente a la Junta de Conciliación y Arbitraje– para defenderse.


La Junta declaró inexistente la huelga en tres ocasiones: el 7 de agosto de 2007, y los días 17 y 9 de diciembre de 2008. Aunado a eso, ha habido una serie de demandas contra del sindicato y de los trabajadores. Son 165 denuncias penales presentadas por la empresa acusándolos como probables responsables de robo con violencia, daño, asociación delictuosa, amenaza, fraude, apología de varios delitos y extorsión, entre otros.


Cananea tenía una producción anual de 195,000 toneladas de cobre al momento de su cierre. Su planta laboral –de casi 1,600 obreros– percibía salarios homologados a los de los mineros estadounidenses. En 2006, cada uno de ellos recibió 400,000 pesos, bajo el concepto de reparto de utilidades.
Después de la bravata de Monreal, el pleno del Senado admitió una propuesta del priista Francisco Arroyo Vieira, para incorporar al punto de acuerdo una excitativa al gobierno federal para que retire la concesión de Cananea a GMM. Esa moción fue respaldada por el senador panista Jesús Galván, quien resumió: “No veo cómo se vaya a resolver el problema de Cananea, si no es por la vía de la cancelación de la concesión(…). Para mí sería un honor poder votar a favor de la cancelación”.


Y mientras crecía el debate legislativo, la empresa comenzó a contactar a los trabajadores para convencerlos de aceptar sus liquidaciones. La oferta es inmejorable: tres veces el monto de lo que deberían recibir, de acuerdo al laudo de Conciliación y Arbitraje. Algunos alcanzarían a recibir hasta dos millones de pesos. La dirigencia del sindicato de Gómez Urrutia les ha hecho una contrapropuesta: garantizarles que recibirán el doble de lo que les ofrece GMM.

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